A la opinión pública,
En la historia de Chile, nunca ha existido un esfuerzo más decidido por arrebatar a los ciudadanos honestos sus libertades, y despojarles de toda herramienta que les permita defender sus derechos, como el que despliega el Gobierno en la actualidad, disfrazado con el discurso de la seguridad pública.
En su Cuenta Pública 2022, el presidente Gabriel Boric anunció el plan denominado “Menos armas, más seguridad”, que en lo sustantivo propone limitar radicalmente el acceso a las armas de fuego, en vistas de avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Ello presupone que, para reducir los índices criminales, se debe interrumpir el flujo de armas legales que serían usadas con fines delictivos. Noble objetivo que no puede ser empleado como pretexto para desarmar a todos los legítimos propietarios de un arma de fuego.
Es una pésima señal que el Gobierno plantee el total desarme de la población. Lejos de disuadir a los delincuentes, les da la seguridad que podrán violentar a los ciudadanos sin correr peligro. Y dice a los chilenos honorables que se las arreglen como puedan, si no tienen el privilegio de contar con un servicio de escolta policial 24/7. Podemos asegurar que, si el anuncio se concreta, aumentarán los asaltos, homicidios y violaciones en lugares habitados, en niveles nunca vistos. Porque se eliminaría uno de los pocos factores disuasivos que todavía existe: la posibilidad de encontrarse con una persona armada para defenderse.
Con este anuncio, el Gobierno avisó también a los coleccionistas que sus valiosas armas y municiones serán expropiadas; advirtió a los deportistas calificados en tiro olímpico que ya no podrán levantar la bandera de Chile en un podio internacional. De avanzar la propuesta, los agricultores no podrán controlar plagas de especies foráneas, que ocasionan millonarias pérdidas a la agricultura, como cotorras, conejos, jabalíes, y castores, entre otros.
El Gobierno pretende instalar un relato en la opinión pública sin considerar toda la evidencia disponible. Se ha dicho por ejemplo que el 80% de las armas decomisadas a los delincuentes estuvieron inscritas, y por ende pertenecieron alguna vez a civiles. Y que en Chile sería posible que personas con antecedentes judiciales puedan adquirir un arma de fuego, o municiones.
Lo cierto es que, según las estadísticas oficiales, sólo un 30% de las armas utilizadas en actividades delictivas y criminales requisadas alguna vez estuvieron inscritas a nombre de un particular, y sólo un 8% de las armas en manos de civiles fue reportada como perdida o robada, desde 1972.
Además, la Ley 21.412 de 2022, sobre Control de Armas vigente en Chile, es una de las más restrictivas del mundo. Exige a los civiles cumplir una serie de requisitos antes de poseer un arma de fuego, y adquirir munición para éstas. La Ley impide obtener permiso de tenencia a personas que hayan sido condenadas por crímenes o simple delito. Las armerías también son fiscalizadas por la autoridad, y no pueden vender armas ni municiones a usuarios que no cuenten con un permiso vigente, que dura sólo 5 años. Para transportar un arma inscrita, o cambiarla de domicilio, hay que pedir un permiso en la Autoridad Fiscalizadora (OS11). Nuestra Ley de Armas es tan estricta que, si se aplicara el mismo criterio para ser parlamentario, muchos actuales senadores y diputados no podrían haber llegado al Congreso, luego de haber tenido problemas con la justicia.
Se podría agregar que la Ley chilena impide que civiles adquieran armamento automático y de guerra, el que sólo puede ser empleado por las Fuerzas Armadas. El Gobierno tiene el deber constitucional de coordinar a las policías para decomisar este tipo de armas ilegales que usa la delincuencia, el narcotráfico y grupos guerrilleros, y que es de una naturaleza muy diferente a la que los ciudadanos honestos pude adquirir actualmente.
En definitiva, lo que olvida decir el Gobierno es que el problema son los delincuentes que emplean armas ilegales. Y cuando el Estado no puede entregar seguridad en cada esquina donde se cometen crímenes, nos enfrentamos a una cuestión moral: ¿Tendremos los ciudadanos honestos las herramientas para defender nuestros derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, como el derecho a la vida, a la seguridad y propiedad, a la integridad física? ¿Nos permitirá el Gobierno defender nuestra vida privada, a nuestras familias, núcleo fundamental de la sociedad, y la inviolabilidad del hogar?
También nos preguntamos: ¿Con que autoridad moral el Gobierno pretende desarmar a la población civil, cuando algunos partidos, que conforman su coalición política, han declarado públicamente que no descartan la lucha armada, siempre y cuando se den las condiciones? En definitiva, ¿cuál es la real agenda detrás del desarme ciudadano?
El desarme total es una política absolutamente inviable. La seguridad es una de las primeras preocupaciones de la gente en todo Chile. ¿Qué alternativa les queda a esas personas? ¿Entregar sus armas y defenderse con palos? Por eso, como asociación no podemos quedar indiferentes ante este anuncio del Gobierno, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que el plan “Menos armas, más seguridad” se convierta en el arma más peligrosa que tendrán los delincuentes.
Hacemos un llamado a todas las personas que creen en la libertad a apoyar a la ACDR e inscribirse en www.acdr.cl, y donar a nuestra asociación:
Cuenta Corriente
Banco de Chile
191-09526-05
RUT: 65.206.891-K
Asociación Chilena del Rifle
[email protected]
JOSEFA RODRIGUEZ
Deportista calificada de tiro skeet
Directora Ejecutiva ACDR