Hace cerca de veinte años, cuando recién el país cruzaba el nuevo milenio, una idea comenzó a circular con fuerza entre políticos e intelectuales de la época y se fraguó una estrategia que, a los tiradores deportivos, coleccionistas, cazadores y aficionados a las armas, en general, nos costó años percibir.
Dos décadas después, nos hallamos bajo ataque y nos sorprendemos porque la autoridad del control de armas adopta medidas abusivas como cambiar la nomenclatura de los padrones de las armas de propietario a tenedor.
Igual que la rana en el agua tibia, no nos dimos cuenta de que ese ataque comenzó hace veinte años y hoy sus efectos, sumados a políticas que nacieron en ese entonces, se evidencian por doquier.
Poco a poco, la política de control de armas nacional viró de un esfuerzo registral necesario a una estrategia de control social, del mismo modo que la filosofía penal emigró de una justicia basada en el derecho tradicional a una impregnada de garantismo. No nos percatamos.
No nos dimos cuenta tampoco de las cosas chicas, como los aranceles que nacían de la nada en las resoluciones exentas publicadas en el Diario Oficial y que definían nuevas categorías que debían ser verificadas por los usuarios. De un día para otro, en 2009, los deportistas calificados tuvieron que empezar a comprar cada tres años su calificación, por dar un ejemplo pequeño. No nos dimos cuenta de las cosas grandes, cuando las autoridades y policías promovieron mitos y mentiras sobre las armas. Los primeros, la mentira flagrante de que, a menos armas, menos crimen. Las segundas, una conducta obsecuente con la delincuente resumida en la frase: si lo asaltan, mejor entregar todo.
Mientras año tras año, subsecretarios de Prevención del Delito montaron onerosos shows para culpar a los dueños legales de armas de la proliferación de éstas en manos del hampa, tuvimos que tolerar que se divulgaran mentiras obscenas sobre la realidad del asunto.
Desde el “ocho de cada diez armas hieren a un inocente o caen en manos de delincuentes”, en 2008, independiente del color político del ejecutivo, los dueños de armas legales en Chile tuvimos que soportar la constante manipulación de datos parciales que hizo Ejecutivo pasando paulatinamente a ser tratados como sospechosos.
Inolvidables son las declaraciones invariables de voceros de todos los colores disparando porcentajes delirantes asegurando que ochenta o noventa armas de cada cien halladas en manos de delincuentes provenían del mercado legal. Imborrables, las sesiones del parlamento que discutió la pésima ley de enero de 2022 asesoradas por policías hablando desde la ideología sin arreglo a los datos reales.
Los costos, como en todo mercado tutelado y cargado de impuestos, se dispararon. A principios de siglo, una munición de nueve milímetros costaba menos de cien pesos de la época. Hoy, deberían costar doscientos pesos actuales, pero se venden por más de quinientos y las restricciones crecientes en materia de permisología provocaron y provocan hoy escasez relativa de insumos relacionados, por tanto, incertidumbre, especulación y precios descabellados. Eso en el mundo legal.
En el ámbito ilegal, sabemos que la pretendida brillante estrategia de desarmar y proscribir a las personas de bien interesadas en prepararse para la defensa, practicar deportes con armas o simplemente poseerlas en plenitud, no hizo sino volver atractivo en Chile un negocio de alcances mundiales: el tráfico de armas.
Desde la operación Houston en adelante, supimos que los delincuentes dispondrían de equipos prohibidos pese a los esfuerzos de las policías. Entendimos que el mito de que las armas del hampa provienen de nuestras cajas fuertes perdía toda su sustancia, pero la autoridad desoyó nuevamente la evidencia. Pensamos que la bondadosa idea de la tenencia responsable nos protegería de la saña con la que éramos observados por políticos amantes del desarme ajeno. Fue inútil y hasta hoy, los dueños de armas en Chile hemos solamente sido capaces de negociar a medias los términos en que seremos incesantemente restringidos, logrando de parte de las autoridades políticas procesos más o menos paulatinos de despojo.
Ad portas de un nuevo y misterioso reglamento cuyo parto difícil podría dar a luz una criatura problemática, nos hallamos desarmados otra vez y en riesgo de que el mito de que las armas civiles nutren el delito vuelva a intoxicar el pensamiento de políticos buenistas y editores de matinales.
Para terminar esta pataleta, hay que reconocer, nobleza obliga, que no vimos a través de los años el valor de asociarnos, entre clubes de tiro, entre cotos de caza, entre asociaciones de coleccionistas y museos, y, sobre todo, con esa enorme mayoría de dueños legales de armas en Chile que las posee para la eventual defensa.
El llamado es a eso. Los grandes y prósperos clubes capitalinos apadrinen a las agrupaciones novatas de provincia, hagan extensión. El potente ecosistema de cacería en el sur levante sus velos y comparta sus buenas prácticas con los particulares que cazan. Los coleccionistas protejan lo que queda de sus colecciones asociados con museos y agrupaciones de interés histórico. A las damas que practican deportes con armas, especialmente si son reconocidas, les cabe un rol esencial para desmontar el pernicioso prejuicio transmitido por años sobre la relación entre armas y violencia.
Asociatividad, que finalmente levante, por ejemplo, un estándar nacional que permita medir transversalmente habilidades al usar armas en el mundo civil, para combatir la negativa de la autoridad a otorgar permisos de porte defensivos, presentes en la ley pero que no se le concede a ningún chileno por no considerarlo idóneo.
2024 será un año donde el agua en la que nos quieren cocer se pondrá más caliente. Sin embargo, asistidos por la evidencia y el sentido común, es muy probable que la comunidad, hoy azotada por el crimen, comparta con nosotros los preceptos de la legítima defensa y poco a poco, nuevos políticos nada vinculados a la agenda anti-armas puedan abrirse espacios en el concierto nacional y cambiar las normas trayéndolas al lado sensato de las cosas.
Usted, que lee estas líneas, y que apoya la idea del derecho a defenderse responsablemente a través de medios racionales, es importante. Juntos podemos cambiar el escenario después de estos veinte años de desarme.
Autor: Esteban García
Periodista