En 1946, un descomunal error de cálculo produjo, al cabo de 80 años, un desastre ecológico de proporciones incalculables. La plaga, que debe ser erradicada de la Isla Grande de Tierra del Fuego, está permitida su caza sin cuotas de captura.
Pueden ser tiernos, despertar la simpatía de los niños y ocupar la imaginación de los amantes de los animales, pero el hecho real es que los castores, introducidos artificialmente hace 80 años en la Patagonia, han provocado un desastre ecológico sin precedentes que obliga hoy a Chile y a Argentina a tomar medidas para su erradicación. Más de 27 mil hectáreas de bosque nativo han sido afectadas por el roedor y los daños se calculan por parte del Estado en más de 54 mil millones de pesos.
El castor roe los árboles de los bosques de América del Norte, de mayor capacidad regenerativa que los árboles en Chile. La Lenga, el Ñirre o el Coigüe de Magallanes pueden tardar décadas en crecer, y la devastación de bosques ya alcanza el equivalente a siete veces la ciudad de Punta Arenas. En ámbitos socioeconómicos, se estiman pérdidas de hasta USD 73 millones.
Roedores incansables, reprodujeron las conductas de su hábitat original, el hemisferio norte, y condenaron la geografía de Tierra del Fuego ahogando especies nativas y estancando los ríos. La inversión internacional a través del tiempo para abordar el problema se cifra en casi 4 mil USD millones a principios de esta década.
El peligro es tan importante que se teme en la actualidad que el animal migre hacia el norte, alterando los riachuelos, arroyos y bosques del sur de nuestro país.
El uso de trampas y armas es una de las estrategias para reducir la población de castores, que, con 150 mil individuos, ya supera a la población humana de la isla. Ya que el castor es considerado una especie dañina, su caza está autorizada en Chile durante todo el año y sin cuotas de captura.
Quienes quieran cazar castores deben contar con la autorización del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y en el caso del uso de armas, se deberá contar además con la autorización para su uso.